El retraso en los pagos lleva al límite la situación de muchas mancomunidades.
La Junta adeuda importantes cantidades a algunas de ellas. En otros casos, los ayuntamientos deben cuotas. Varias están pagando con retraso las nóminas de sus empleados y también se están recortando los servicios.
E. BARAJAS 25/06/2012
Retrasos
en el pago de las nóminas de los trabajadores, recortes en la
prestación de servicios o reducciones de plantilla. Esta es la realidad a
la que se están enfrentando muchas de la mancomunidades extremeñas ante
la demora en los pagos por parte de la Administración autonómica o de
los propios ayuntamientos que las conforman.
"No es que la situación sea complicada, es que es crítica", resume
Carlos Javier Ríos, alcalde de Navezuelas y presidente de la
Mancomunidad Integral de Villuercas, Ibores, Jara. Ríos admite, incluso,
que estos ayuntamientos han llegado a plantearse la "disolución" de la
mancomunidad. Por lo pronto, como medida de ahorro, ya decidieron "por
unanimidad" cerrar la oficina de gestión urbanística, en la que
trabajaban cinco personas.
La Junta les debe dinero, pero Ríos recalca que este únicamente ha
sido un factor más entre los que han contribuido al deterioro de la
situación económica de la mancomunidad. En este sentido, asegura que
cuando llegó a la presidencia, en agosto del año pasado, se encontró
"con los cajones llenos de facturas" y con una deuda de más de medio
millón de euros, de los que trescientos mil correspondían a una
operación de tesorería que no se ha podido afrontar este año. Por si
fuera poco, añade que los ayuntamientos no abonan las cuotas que les
corresponden --"Todavía no han pagado las del 2011", subraya--. Así las
cosas, asegura que si en los próximos días no llegan algunas de las
cantidades pendientes no va a haber liquidez para pagar a los
trabajadores. "A día de hoy, no hay para las nóminas".
Otra mancomunidad con problemas de liquidez es la de La Siberia I,
que engloba a once municipios del extremo noreste de la provincia de
Badajoz (Esparragosa de Lares, Garbayuela, Garlitos, Talarrubias o Casas
de Don Pedro, entre otros). Según explica su gerente, Manuel Sánchez,
la Administración regional les adeuda actualmente 314.000 euros, que
corresponden a diferentes servicios: 18.200 a la oficina de igualdad;
82.011 a la de urbanismo; 79.321 a servicios sociales de base; 111.000 a
dinamización deportiva; y 23.761 euros a gestores culturales. La
mancomunidad
, que tiene 82 empleados (una treintena de ellos en el taller de
empleo) acumula un mes de retraso en el pago de las nóminas. Y lo que
ocurrirá el que viene "va a depender de que lleguen aportaciones de la
Junta y los ayuntamientos", sostiene su gerente.
A partir del próximo 20 de julio ya se dejará de ofrecer el servicio
de ayuda a domicilio. Eso supondrá, por un lado, que más de trescientas
personas se quedarán sin esta prestación (en total los beneficiarios de
este servicio en el 2011 fueron 450, pero algunos ayuntamientos
continuarán prestándolo por su cuenta). Por otro, que una veintena de
trabajadores perderán su puesto de trabajo (a diez de ellos se les acaba
el contrato y el resto tendrán que ser despedidos). Manuel Sánchez
señala que aunque en marzo la Junta les mostró su intención de seguir
apoyando este servicio, por el que el año pasado recibieron 129.000
euros, tres meses después el gobierno regional sigue sin haber sacado la
convocatoria. Esta demora, justifica, hace inviable la continuidad de
la atención a domicilio al tiempo que obliga a que los ayuntamientos
tengan que sufragar el coste del servicio prestado a lo largo de este
primer semestre.
No es, en cualquier caso, el primer servicio que se va a suprimir en
esta comarca. Ya en diciembre, recalca, hubo que poner punto final a los
programas de familia, al de prevención de riesgos laborales y al de
drogodependencia. También se prescindió de la oficina de consumo y del
agente de inserción laboral. En conjunto la merma en los servicios que
presta esta agrupación de municipios se ha traducido en la pérdida de
más de una quincena de empleos.
Recientemente, el presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor, Alfredo
Aguilera, envió a los trabajadores de esta entidad una carta en la que
dice ser "consciente de la inquietud" que reina entre ellos "ante los
retrasos en el abono de la nómina". Aguilera explica que la demora se
debe a la "falta de liquidez" originada por "el importante retraso en
los pagos procedentes del Gobierno de Extremadura, incluso en la firma
de algunos convenios. Cuando hemos agotado los fondos propios y las
líneas de crédito suscritas, ya no poseemos más liquidez para hacer
frente a estas obligaciones, salvo que nos ingresen las cantidades
pendientes", sostiene el alcalde de Malpartida de Cáceres.
También a través de una misiva, esta vez enviada a los alcaldes de la
Mancomunidad Rivera de Fresnedosa (que reúne a unos 11.500 habitantes
de municipios como Torrejoncillo, Zarza la Mayor o Ceclavín), su
presidente, José Antonio Delgado, pidió a inicios de este mes que se
agilizase el pago de las aportaciones municipales "puesto que aún no
hemos recibido la asignación de la Junta de Extremadura y tenemos a los
profesionales sin cobrar por falta de liquidez".
Tampoco es fácil la situación en la Mancomunidad del Ambroz aunque
aquí, señala su presidente, David Gordo, "el problema son las
aportaciones municipales". En este sentido, asegura que las obligaciones
de la Junta "están al día". La falta de liquidez, precisa, viene dada
por la tardanza que los propios ayuntamientos que forman parte de la
mancomunidad están acumulando a la hora de hacer frente a sus cuotas.
Entre todos ellos suman unos 231.000 euros de deuda. Una dilación en la
que, detalla, "se mezclan la falta de recursos en unos casos con las
razones políticas en otros". "De momento no ha habido problemas porque
estamos funcionando con líneas de crédito, pero si esto sigue así mucho
tiempo comenzaremos a tenerlos", concluye.
"Hasta ahora estamos yendo muy justos, pero vamos al día", resalta
Juan José Amo, presidente de la Mancomunidad de Municipios Río Bodión.
Aunque en este caso la Junta también acumula atrasos en los pagos, Amo
explica que en la mancomunidad "había liquidez", porque ha estado "bien
gestionada". Confía en no tener tampoco dificultades en julio ya que,
arguye, está pendiente de un ingreso de la Junta correspondiente a un
taller de empleo.
"De momento estamos al día en seguros sociales y nóminas", coincide
Inmaculada Bonilla, alcaldesa de Táliga y presidenta de la Mancomunidad
de la Comarca de Olivenza, que añade, no obstante, que este mes las
nóminas se han tenido que abonar el día 12. De los 303.000 euros que la
Junta tiene que ingresarles correspondientes a este ejercicio, solo han
llegado 60.000.
También Bonilla confía en no tener sobresaltos el próximo mes una vez
que el Ejecutivo autonómico le ha comunicado que se le ingresarán
40.000 euros el próximo día 30.
"Estamos al corriente, aunque la preocupación es qué va a ocurrir al
mes que viene", declara Martín Caballero, presidente de la Mancomunidad
de Municipios de la Serena. La Junta les adeuda cantidades que suman
350.000 euros --solo las relativas al primer trimestre de este año--. Si
no se liquidan pagos, avanza Caballero, "puede haber problemas con las
nóminas de junio". Los recortes han llevado a reducir la plantilla de
esta mancomunidad en 25 personas durante el último año. Actualmente,
está compuesta por 190 trabajadores. El también alcalde de Valle de la
Serena incide en el papel necesario de las mancomunidades. "No me
imagino que las cierren . ¿Qué sería de los pueblos pequeños en servicios como la recogida de basuras o la oficina de urbanismo? Sería imposible".
En el caso de la Mancomunidad de la comarca de Llerena, su
presidente, Antonio González , explica que prefiere no hacer
"declaraciones sobre cuál es la situación económica" de esta entidad.
Primero, aduce, hay que "informar a la junta de gobierno".
